18/12/2014 “Un enfoque que dé respuestas al fenómeno de los linchamientos”

Diario Uno Mendoza. Columna del Ab. Jorge Jofré, Director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la UBP.

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Las imágenes que hace un tiempo recorrieron el país con un nuevo intento de “venganza pública” en la Ciudad de Mendoza, similares a otras de mayor gravedad verificadas en otras provincias, dan cuenta de un estado de situación donde los niveles de crispación general ante hechos de inseguridad, están poniendo en riesgo no sólo los pilares del estado de derecho, sino fundamentalmente nuestra dignidad como personas.

La existencia misma del Estado descansa sobre una serie de principios elementales que con la implícita sumisión a ellos por parte de todas las personas, se garantiza entre otros, el ideal de convivencia civilizada.

Ese ideal es el que se desdibuja y aleja de nuestro alcance, cuando se replican en los medios noticiosos y en las redes sociales, imágenes de una violencia descontrolada contra supuestos autores de hechos delictivos en un pretendido afán justiciero, pero que se agota en la cobardía de una venganza patotera.

Resulta imposible pensar en términos de una comunidad organizada jurídica y políticamente, si no contamos con una mínima certeza respecto de la existencia de una voluntad compartida de acatar las reglas del sistema jurídico y el común reconocimiento de que en el Estado se concentra el monopolio de la fuerza para la protección de los derechos de las personas. Por ello, no debe llamar al asombro, que estos sucesos sean motivo de preocupación en escenarios internacionales.

En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación por los recientes episodios de agresiones contra personas acusadas de robo, los cuales han tenido lugar recientemente en Argentina”.

A su vez, define el problema de los linchamientos como un “problema tanto de la Justicia como de seguridad ciudadana”, reconociendo el riesgo de regresiones en materia de “medidas de control”.

Y es un acierto reconocer ese riesgo, en función de que desde entonces se han emitido opiniones desde distintas tribunas, pretendiendo explicar las reacciones de una justicia por mano propia, con razones que van desde la falta de policías a la “mano blanda” en el tratamiento de la delincuencia hasta el garantismo penal, aduciendo que todo ello provoca que el ciudadano se arme en su propia defensa, llegando a apropiarse del uso de la fuerza, la cual sólo puede ostentar el Estado. Es claro que explicaciones de esta naturaleza van en igual sentido argumental de los que sostienen que más policías, penas más duras, y en definitiva más instrumentos y medidas de control, son la única respuesta viable a la inseguridad.

Pero, además, culpar al Estado y sus ausencias por las decisiones individuales de quienes ejercieron la opción de degradar el valor de una defensa legítima de quienes han sido víctimas de un delito hacia la cobardía del linchamiento resulta, cuanto menos, inconsistente.

Debe asumirse, tal como plantea la Comisión Interamericana, que el problema es necesariamente de seguridad ciudadana. Entenderlo desde allí impone superar esa matriz tradicional del “control” y reconocer al delito y la violencia como fenómenos complejos, multicausales y que deben ser abordados integralmente, desde lo multidisciplinar, con estrategias de carácter preventivo. Una matriz de intervención en seguridad ciudadana impone además un abordaje contextualizado en lo local, que empodere a la comunidad y que en definitiva promueva su responsabilidad, exaltando valores como la participación, el compromiso, la solidaridad y el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas.

Como se puede ver, la matriz metodológica descripta no sólo importa como herramienta eficaz y eficiente para fenómenos de violencia como los linchamientos, sino que además facilita intervenciones donde las violencias son el emergente de situaciones donde policía y Justicia tienen vedada cualquier tipo de intervención, aun cuando sean claros disparadores de inseguridades.

Es menester entonces, tanto desde la ciudadanía como desde el sector público, desarrollar capacidades para actuar en seguridad ciudadana, para que desde distintos escenarios se pueda aportar lo necesario para la construcción de una sociedad plural, comprometida, democrática y segura de que sus derechos no corren riesgo de ser conculcados ilegítimamente.

Por Jorge Jofré, Director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal.