04/04 “Obama, Francisco y la desclasificación de los secretos de Estado”

La Voz del Interior. Columna de opinión de Horacio French, docente de la materia Inteligencia y Criminalística de la Lic en Gestión de la Seguridad de la Universidad Blas Pascal.

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Por Horacio French, autor de “La legalidad del secreto de Estado” y docente en la Universidad Blas Pascal.

Cabe destacar que, dentro del complejo mundillo que rige para los secretos de Estado, ­“desclasificar secretos no ­significa necesariamente ­publicarlos”.

El anuncio de la desclasificación de información secreta por parte del gobierno de los Estados Unidos y también del Vaticano, referida al último gobierno de facto en la Argentina y sus terribles consecuencias, será un paso adelante en las relaciones bilaterales con ambos estados.

Pero en la práctica no significa que se dará a conocer el contenido de todos los archivos existentes. Menos aún si se mencionan a exfuncionarios estadounidenses o a miembros de la Iglesia Católica comprometidos con las dictaduras que imperaban en Latinoamérica por aquellos años.

Pasa esto porque, en este caso, la desclasificación de secretos no responde a una orden judicial sino a un acto voluntario de los gobiernos de esos Estados, lo que les permitirá a ambos divulgar la información de manera discrecional.

Del mismo modo, cabe destacar que, dentro del complejo mundillo que rige para los secretos de Estado, “desclasi­ficar secretos no significa necesariamente publicarlos”.

Es decir que, tal vez, no toda la información que se desclasifique será pública sino que, en caso de ser necesario, podrá quedar bajo secreto a disposición de la Justicia argentina, para continuar con las investigaciones de lo sucedido en aquel cruento período.

Hace algo más de una década, la Argentina también desclasificó secretos. Esto sucedió cuando el entonces presidente Néstor Kirchner decidió correr el manto de misterio que cubría a las causas judiciales emblemáticas de la década de 1990: las explosiones ocurridas en la Amia, la embajada israelí y la Fábrica Militar de Río Tercero.

Para ello –entre otras medidas–, utilizó la atribución constitucional que le permitió relevar de la obligación de guardar secreto a los agentes de inteligencia que intervinieron por distintas razones en la investigación de esos acontecimientos.

Esta decisión política no registraba antecedentes similares en la Argentina, pero sí en otros países. En España, los familiares de los etarras muertos por la acción represiva del gobierno de Felipe González contra el terrorismo pidieron judicialmente la apertura de los “papeles secretos del Cesid (los servicios secretos españoles)”. Pero el Consejo de Ministros se los negó, argumentando razones que hacían a la seguridad nacional.

Luego, los mismos familiares apelaron al Tribunal de Conflictos y este confirmó la negativa gubernamental. Tras una nueva apelación, finalmente, el Tribunal Supremo ordenó abrir los archivos secretos y ello sirvió para que quedaran al descubierto algunos ilícitos cometidos por agentes de inteligencia que luego resultaron condenados.

En aquellos días, toda España debatió este tema y criticó con dureza la vigencia de la ley de secretos oficiales san­cionada en la época franquista.

También Estados Unidos mantiene una fuerte tradición en cuanto a la no ­revelación de se­cretos.

Tras mucho ba­tallar, la Justicia federal norteamericana logró imponerse ante la negativa del Departamento de ­Defensa de permitir que un perito judicial revisara las más de 14 mil páginas secretas relacionadas con el fallido intento del entonces presidente Jimmy Carter de liberar a los rehenes norteamericanos en Irán.

Para ello, el juez actuante solicitó la aplicación del “caso Vaughn”, que alude a un antecedente judicial similar ocurrido en 1974 y que sentó jurisprudencia en lo que se refiere a la apertura de archivos secretos por orden judicial.

En cuanto a la disposición del papa Francisco de desclasificar la documentación secreta del Vaticano relacionada con el período que va de 1976 a 1983 de la Argentina, será también a través de un acto unilateral de ese Estado, sin presiones de ninguna naturaleza.

Un antecedente importante que define a estos archivos como inexpugnables es la resistencia del Vaticano a publicar la cuestionable relación que habría existido entre los nazis y el papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial.

La publicidad es un signo característico de la democracia. Esto permite no sólo transparentar los actos de gobierno sino también que el ciudadano común conozca sus obligaciones y derechos.

Es de esperar que estas decisiones anunciadas por los gobiernos de Estados Unidos y el Vaticano permita seguir conociendo la realidad de la Argentina en la negra etapa de mayor violencia en toda su historia.