09/02/2016 “Una ruptura para reflexionar: el futuro de nuestro Congreso”
9 febrero 2016
La Voz del Interior. Columna de Andrés De Gaetano, docente de la UBP.
Link: Una ruptura para reflexionar: el futuro de nuestro Congreso
Por Andrés De Gaetano | Abogado, docente de Historia del Pensamiento Político y Ciencia Política, Universidad Blas Pascal.
La anulación de las minorías, a través del predominio de un grupo dentro de la conformación de bancas del Congreso, produce una anulación democrática.
A menos de un mes de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, son muchas las expectativas e incertidumbres que envuelven el futuro del año legislativo. Existe un sinnúmero de proyectos y propósitos políticos cuya formal presentación el presidente Mauricio Macri estima poder realizar frente a un Congreso a pleno.
Sin embargo, el escenario previo comienza a manifestar un proceso de turbulencias y reorganización, cuyos primeros signos indican que el bloque kirchnerista no mantiene la unidad supuesta durante los últimos días de gestión de la expresidenta Cristina Fernández.
En su lugar, una inesperada (al menos para algunos) ruptura en el interior del seno K permite vislumbrar el fin de la hegemonía que reinó durante años en el Congreso Nacional, cuando la democracia se reducía a la sola fuerza de la mayoría numérica.
Aquella leyenda que a viva voz rechazaba la (envidiada) disciplina partidaria oficialista –“el Congreso es una escribanía del Ejecutivo”– parece disiparse hoy frente un proceso reorganizativo que permitirá restituir a la Cámara de Diputados de la Nación su función natural: la reflexión y la deliberación. Ambas prácticas fueron ultrajadas y defenestradas durante los tiempos de la unidad oficialista del Frente para la Victoria (FPV), dueño de un cuórum al que creían eterno.
Tras conocerse la ruptura del bloque del FPV, es difícil imaginar el futuro de aquellos disidentes y cómo concluirá el proceso de negociaciones que determinen luego la posición de cada fuerza política dentro de la Cámara Baja. Sin embargo, esto parece oxigenar el proceso de deliberación que cada proyecto tendrá durante este año.
Unidad nociva
La democracia, en su más pura concepción, constituye un sistema ordenado de reglas para la toma de decisiones, tendiente a la solución pacífica de desacuerdos sociales a través de la producción de normas de carácter general y obligatorias para toda la población.
Atento a ello, tendremos que el hiperpresidencialismo, el carácter contramayoritario del Poder Judicial, la partidocracia, la anomia normativa, la corrupción endémica, el bajo nivel educativo, las presiones de grupos económicos, el carácter subordinado del órgano legislativo, el retraimiento del federalismo y, en general, todo aquello que se denomina “crisis de la representación”, afectan de forma directa e inmediata a nuestra democracia y provocan un profundo debilitamiento institucional republicano.
El Congreso constituye un órgano de conformación plural por naturaleza, un receptor de múltiples identidades, intereses e ideologías políticas tan diversas como las existentes en la comunidad. Ello bajo la idea de representar al pueblo mismo en todos sus estratos.
Este encuentro o reunión de ideologías políticas, enclaustradas en el partido al cual representan (único modo de acceder a este órgano), produce fricciones de forma regular, dada la disidencia y contraposición entre sus integrantes. Esto alimenta un tipo de discusión en el que, si no se llega a un acuerdo unánime, se impondrá aquel que reúna la mayoría necesaria establecida por la Constitución.
El problema se da, precisamente, cuando las normas constituyen el producto de un proceso parlamentario ausente de debate y discusión, lo cual vacía de contenido sustancial a la ley, aunque en sentido formal esta pueda aprobarse con el predominio de un grupo de legisladores alineados, cuyo número alcance para su promulgación.
La anulación de las minorías, a través del predominio de un grupo dentro de la conformación de bancas del Congreso, produce una anulación democrática en la formulación de la voluntad estatal, y elimina también el vínculo de representatividad que existe entre el pueblo elector y sus representantes.
Esto implica no sólo una deslegitimación del órgano legislativo en sí mismo, sino también una profunda herida en el republicanismo. Pero lo más importante es que elimina en la comunidad la creencia de legitimidad en el valor de la norma y provoca, así, una merma en su cumplimiento.
Nunca una confusión mayor en nuestra democracia como aquella que pretende asignar a una agrupación político partidaria –transitoriamente mayoritaria– la fuerza para atribuirse la voluntad del Estado y pretender imputar (con el convencimiento de la engañosa retórica) la voluntad de unos pocos a todo un país.
La construcción de una democracia como régimen político (forma de gobierno y forma de vida) reclama un necesario tránsito de negociación y deliberación que permita a toda la composición política del Congreso participar en la formación de las leyes y volcar en su contenido las inquietudes y expectativas de cada legislador.
La ruptura declarada en el seno del bloque del FPV permite poner en práctica el esfuerzo por convencer y negociar (en el mejor sentido de esta palabra) cada proyecto ingresado, lo que debiera traducirse no sólo en un control por parte de todos los actores legislativos sino en la revitalización de la función esencial de esta institución: deliberar.
Pasaje a la acción
Así las cosas, agrupaciones políticas que fueron oposición hasta el 10 de diciembre y que estaban relegadas a un simple actor secundario, hoy cargan sobre sus espaldas con la responsabilidad de convertirse en sujetos activos y dinámicos del proceso legislativo.
Su misión no se reduce a la presentación de nuevos proyectos. También deben encarar la difícil tarea de convencer a la actual oposición del FPV, aun dotada de un gran número de legisladores y encabezada por quienes hasta diciembre ocuparon los principales cargos ejecutivos del gobierno nacional.
En este contexto, los promotores del gobierno de Macri tendrán que dotar de legitimidad al proceso legislativo. Algo que no se limita a los actores políticos, sino que implica acercar el debate a la ciudadanía e incluir en su agenda temas históricamente relegados. Sería conveniente que rechacen la mera confrontación entre grupos rivales e intereses sectoriales y propicien la reconstrucción de la república y el bien común.
NOTICIAS RELACIONADAS
