02/01/2016 “Tecnología para prevenir el delito, entre mito y realidad”

2 enero 2016

La Voz del Interior. La Voz del Interior. Artículo de Horacio French, docente de la materia Inteligencia y Criminalística de la Lic. en Gestión de la Seguridad de la Universidad Blas Pascal.

 

Link: Tecnología para prevenir el delito, entre mito y realidad

 

 

La disminución de los niveles de inseguridad ciudadana es un objetivo que requiere una mirada mucho más amplia y más compleja que la costosa y no evaluada inversión en este tipo de tecnología.

 

Que las cámaras de seguridad puedan ser útiles para el “control” de lo que sucede en la vía pública e incluso en la privada –como en los comercios, sanatorios y hasta colegios– es rigurosamente cierto, aunque la realidad indica que no sucede lo mismo en la prevención del delito.

 

El diario inglés The Independent puso en cuestión la eficacia de este tipo de tecnología como herramienta contra el crimen al publicar que en Londres 
–una de las ciudades más filmadas en el mundo– por año apenas se resuelve un delito por cada mil cámaras instaladas en la vía pública.

 

Esta estadística de 2012 pone de manifiesto que la Justicia londinense dictó sentencia sólo en mil casos que involucraron la utilización de videos, pese a que las calles de la capital inglesa están plagadas por más de un millón de dispositivos de circuito cerrado de televisión (CCTV).

 

Sin embargo, la investigación reveló que en su instalación se habían gastado nada más y nada menos que 500 millones de libras esterlinas o, lo que es lo mismo, casi 9.500 millones de pesos argentinos.

 

Posteriormente, y a través de un editorial, The Independent estimó que, según cifras de la policía metropolitana londinense, se necesitaban 20 mil libras esterlinas (unos 383 mil pesos argentinos) para invertir en tecnología por cada crimen resuelto.

 

Ante estos guarismos, el exfuncionario de Gobierno británico David Davis dijo que no le sorprendían esas cifras. Sin embargo, evaluó que la situación “debería provocar un amplio y postergado replanteo respecto de los onerosos recursos que los ingleses destinan para la prevención del crimen”.

 

Las cámaras de seguridad “conducen a un gasto máximo y a una eficacia mínima; crean una enorme intromisión en la privacidad y proveen poca o ninguna mejora en la seguridad”, expresó también.

 

A todo esto, se suma la reticencia de los oficiales de policía británicos para detener a los delincuentes identificados por las cámaras de seguridad porque, en general, la Justicia no admite las filmaciones aludidas como prueba principal de la autoría de un delito.

 

Davis se refirió –palabras más, palabras menos– a lo que también en la Argentina se está diciendo por lo bajo: la disminución de los niveles de inseguridad ciudadana es un objetivo que requiere una mirada mucho más amplia y más compleja que la costosa y no evaluada inversión en este tipo de tecnología.

 

Si esas cámaras ayudan o no, si realmente son un elemento que permite, como suele decirse, “disuadir a los criminales” o si sólo logra que estos –cuando no encuentran la manera de ganarle a la tecnología– se “muden” a otras regiones, es algo que todavía está por verse.

 

Pero, mientras tanto, habrá que separar la paja del trigo porque, al igual que en Inglaterra, sólo algunos de los delitos captados por las cámaras de seguridad terminan con los autores condenados.

 

De todos modos, lo que resulta innegable es que las cámaras de seguridad servirán de muy poco mientras el Estado cómplice e ineficiente prorrogue la protección a los delincuentes y no los obligue a salir de sus madrigueras exponiéndolos públicamente para revertir la ridícula contingencia de que, cuando la prensa difunde los hechos delictivos, los criminales permanecen tranquilos con sus rostros ocultos, mientras que los testigos y denunciantes, a cara descubierta, quedan expuestos a la venganza que con crueldad ejecuta el hampa cuando alguno de sus integrantes es denunciado.

 

*Doctor en Derecho, profesor de la Universidad Blas Pascal